El trabajo autónomo y las pequeñas y medianas empresas representan el corazón productivo y social de España. Sostienen la economía real, la cohesión territorial y la vida cotidiana en barrios, pueblos y comarcas. Constituyen el 99,8 % del tejido empresarial, generan dos de cada tres empleos, y actúan como dique frente a la desindustrialización, la precarización y la despoblación rural.
Sin embargo, este sector estratégico soporta una carga fiscal y administrativa desproporcionada, agravada por la desigual capacidad de planificación y por una estructura tributaria que sigue penalizando la economía productiva frente a la financiera.
La fiscalidad española necesita una reforma integral, progresiva y pro-productiva, que reconozca el papel social del trabajo autónomo y las PYMES, simplifique su relación con la Administración y redistribuya equitativamente el esfuerzo tributario. No se trata de recaudar más, sino de recaudar mejor: con justicia, eficiencia y legitimidad.